lunes, 25 de junio de 2007

¿En misión humanitaria?, de Javier Ortiz en su Web

¿En misión humanitaria?

Haré dos comentarios, ambos breves, a la noticia que manda en las portadas de los periódicos y los informativos audiovisuales de hoy. Me refiero a la acción de guerra en la que han perdido la vida seis integrantes del contingente del Ejército español que el Gobierno de Madrid envió a Líbano.

En primer lugar, me cumple manifestar de nuevo mi desacuerdo con la participación de las Fuerzas Armadas españolas en la fijación de determinadas relaciones de fuerza en algunos escenarios convulsos del Tercer Mundo.

Si los ejércitos occidentales intervinieran siempre, por principio, bajo mandato de las Naciones Unidas, para separar a los contendientes de cualquier conflicto bélico, mi posición sería otra. Si, por ejemplo, vinieran actuando sistemáticamente para frenar las reiteradas operaciones de expansión del Estado de Israel, en defensa de la integridad territorial de las naciones agredidas y del derecho a vivir en paz de sus poblaciones. Pero no. Sólo actúan allí donde a las potencias occidentales les interesa consolidar un determinado statu quo.

La apelación a «razones humanitarias» es cualquier cosa menos convincente. Si las razones de verdadero fondo que explican esas labores de supuesta interposición fueran realmente humanitarias, altruistas, se actuaría para cortar de raíz con todas las guerras, empezando por las que desangran sin parar el continente africano, en donde la llamada «comunidad internacional» mete las narices poco y con desgana, salvo cuando se trata de vender armas a los contendientes para que se maten todo lo que quieran y puedan.

Cuando las guerras estallan por la existencia de relaciones de opresión y de injusticia flagrante, una intervención militar que se desentienda de la necesidad de rectificar las realidades de fondo nunca podrá tenerse por verdaderamente humanitaria. En esa misma línea –en la de empezar por llamar a cada cosa por su nombre–, no creo que tenga sentido decir que los seis soldados del Ejército español han sido víctimas de un acto terrorista. En una guerra sí pueden producirse actos terroristas, pero no cabe calificar de tales aquellos que se dirigen contra la fuerza militar enemiga. Los soldados españoles podrían ser muchas cosas, pero no, desde luego, población civil.

El otro aspecto de la noticia en el que resulta inevitable reparar es la nacionalidad de los fallecidos. Tres de ellos eran no «de origen colombiano», como dice el editorial de hoy de El País –todo él un modelo de burocratismo mental y de galbana ideológica–, sino de nacionalidad colombiana. Colombianos, a todos los efectos. Algo que conviene no pasar por alto, porque revela que una parte del humanitarismo que distribuyen las Fuerzas Armadas españolas se alquila en el mercado internacional, como lo hacía antes en exclusiva la Legión Extranjera, lo cual restituye al término «soldado» su primitivo significado, que aludía al sueldo cobrado por combatir.

Siempre se habla en tono crítico del origen de la mayoría de los soldados estadounidenses a los que el Gobierno de Washington envía a luchar por esos mundos de Dios: casi todos hispanos y afroamericanos.

Pero norteamericanos. Tal vez de segunda, pero norteamericanos.

Lo del Ejército español no parece mejor. Aunque, claro, algo tienen que hacer, cuando el número de españoles dispuestos a alistarse no permite alcanzar los mínimos que se empeñan en cubrir.

La derecha española, de Antonio García Trevijano en su Weblog

Dom 24 jun 2007

E
n La Monarquía de Partidos no tienen cabida el liberalismo, que sería ideología natural de la derecha, si no hubiera mediado la experiencia del Estado fascista. Su ausencia de las estructuras de poder de la Monarquía no es debida a la circunstancia de haber sido excluida (Acción Republicana) de los pactos originales de la Transición, sino a su apartamiento de la oposición activa a la dictadura, que legitimó a los partidos clandestinos, incluidos los de la derecha nacionalista vasca y catalana.

La esencia de la ideología liberal, incluida la radical que se consideró de izquierdas por razones éticas, impide a los partidos liberales transformarse en órganos estatales, como pueden hacer con impunidad ideológica los partidos de izquierda cobijados bajo las antiguas siglas del PSOE y del PC.

Como lo describió Gramsci, los partidos socialistas se formaron y organizaron a imagen y semejanza del Estado, a quien lo prefiguraron para adelantar el proceso de estatalización de la sociedad civil. Aunque quisieran, y la ley de hierro de Michels no lo impidiera, los partidos de la izquierda igualitaria nunca podrán ser internamente democráticos. Porque mejor y más que ambición de gobierno tienen vocación estatal.

L
a derecha liberal o democrática no tiene representación en la Monarquía de Partidos ni la podrá tener. La derecha social no identificada con la partitocracia ni con la oligarquía, carece de conciencia de su orfandad política, porque la síntesis de su interés económico, profesional, cultural y religioso está siendo definida por el PP. El partido procedente del franquismo que ha sabido realizar, mejor que Gil Robles, la fusión de la derecha dictatorial con la surgida de la sociedad civil, desde el desarrollo económico, bajo el paraguas de la oligarquía financiera y mediática. Y nadie ha explicado todavía a esta derecha social que sus intereses empresariales y culturales no solo son distintos, sino contrarios a los de la oligarquía financiera y mediática.

En el tercio del censo electoral que no vota por sistema a la partitocracia, y en ese largo diez por ciento abstencionario que se aleja de las urnas para “ir a la playa”, como dice con despreciativo cinismo el poltrón de la Generalitat, hay tantas mentalidades de izquierda como de derecha.

Pero la decepción de los que antaño metían papeletas de partido en las urnas es más fácil de prender en los votantes de siglas de izquierda que en los del PP. La razón es sencilla. Son pocos los que votan a este partido creyendo que es liberal. Lo dejan de votar por sus simplezas como partido de la oposición y por los terribles errores de Aznar, de los que no solo se arrepiente, sino que se muestra orgulloso de haberlos cometido.

En cambio, son todavía legión los que sostienen al PSOE (de IU ni merece la pena hablar) creyendo que es de izquierda porque favorece a los homosexuales, el feminismo de cuota, el derecho de autodeterminación para el pueblo vasco, la negociación con ETA, la inmigración masiva, el anticlericalismo del siglo pasado y la causa palestina contra Israel.

Espero que mis lectores comprendan que en este espacio tan corto no pueda resumir siquiera, como hice con la citraizquierda, la carencia de fundamentos intelectuales y morales de una derecha autoritaria que no ha dejado de estar incorporada al Estado desde 1939, y que aun continúa siendo la médula que vertebra al PP. La figura de Aznar simboliza este predominio de los valores autoritarios de la tradición católica y nacional en el actual partido de la oposición.

Pero no terminaré esta ligera reflexión, sin recordar que tanto Aznar como Rajoy declararon, al unísono con Cebrián y Pedro J. Ramírez, que nada tenían que oponer a la independencia de Euzkadi, si el derecho de autodeterminación del pueblo vasco se negociara y se ejerciera en un escenario de paz. Lo denuncié en mi artículo de la Razón contra el señoritismo de esos oportunistas directores de prensa. Volveré a tratar de la derecha española.

La degradación del mercado laboral dispara el número de trabajadores que cobra el subsidio del paro, de Carlos Sánchez en El Confidencial

La degradación del mercado de trabajo, con una tasa de temporalidad que se resiste a bajar del 30% de los asalariados, está pasando factura a los servicios públicos de empleo. Lo dicen los últimos datos sobre cobertura del desempleo que, lejos de reducirse (lo que sería coherente con el fuerte ritmo de creación de puestos de trabajo), no deja de aumentar. Hasta el punto de que la tasa neta de cobertura (beneficiarios en relación al paro registrado sin incluir al sector agrícola y al colectivo sin empleo anterior) se ha situado entre enero y abril de este año en un histórico 90%.

Es decir, nueve de cada diez trabajadores considerados parados por los servicios públicos de empleo cobran alguna prestación de carácter económico. Se trata del porcentaje más alto jamás alcanzado por la economía española, con un avance de nada menos que de 10 puntos respecto al año anterior. Lejos quedan los tiempos en los que los sindicatos pedían como objetivo alcanzar una tasa de cobertura que abarcara al 70% de los trabajadores sin empleo.

En total, y según los datos oficiales, el pasado mes de abril 1,35 millones de trabajadores cobraban el paro: 300.000 más que en 1999, y ello pese a que desde entonces el volumen de empleo que ha sido capaz de generar la economía española no ha bajado del 3% en media anual. Es decir, hay más empleo pero también más trabajadores que cobrar el paro.

Un peculiar mercado de trabajo

Esta evolución no puede ser consecuencia directa de un aumento de la población activa, toda vez que el paro registrado -al contrario que la EPA- mide el desempleo real, no refleja el interés que puede tener un ciudadano en encontrar un puesto de trabajo, como hace la encuesta del Instituto Nacional de Estadística.

Tiene que ver, por el contrario, con la peculiar estructura del mercado de trabajo español, de carácter marcadamente dual. La flexibilidad gira en torno al 30-32% de trabajadores con contrato temporal, mientras que al 70% no le afecta esta precariedad al tener contrato indefinido. Por el contrario, la velocidad con la que giran los temporales alrededor de un mismo puesto de trabajo es cada vez mayor pese al aumento de contratos indefinidos que se ha producido en el último año y medio tras el pacto entre sindicatos y empresarios.

Lo que está ocurriendo, según los expertos, es que un número cada vez más trabajadores entra y sale del antiguo Inem con mayor rapidez, ya que al vencer su contrato de trabajo su empleador lo envía a los servicios públicos de empleo para que le sea abonada la correspondiente prestación económica.

Agotado el nivel contributivo o asistencial (según los casos) el trabajador vuelve a incorporarse al mercado de trabajo, algo que es relativamente fácil en un contexto de fuerte creación de puestos de trabajo. Es muy probable que si el Inem no se hubiera convertido en un especie de ‘aparcamiento’ de parados, la tasa de desempleo registrado se situaría hoy dos o tres puntos por debajo del 8% oficial.

Falsos despidos

En ciertos casos, difíciles de cuantificar, los empleadores despiden a sus empleados antes de los periodos vacacionales (incluso se han dado casos de contratos de lunes a viernes para no pagar ni salarios ni Seguridad Social). Quiere decir esto que el antiguo Inem se ha convertido en un instrumento más de subvención de las empresas que se aprovechan de la actual legislación laboral, pero sólo de aquellas que utilizan masivamente sus servicios, porque el resto -las que apuestan por el empleo indefinido y de calidad- deben seguir pagando las cotizaciones sociales, al igual que los trabajadores a los que se les descuenta de sus nóminas una cantidad fija. Con esos excedentes, incluso, se podrían rebajar las cotizaciones sociales.

No se trata, desde luego, de un gasto pequeño. Los datos correspondientes al último mes de abril indican que ese mes los servicios públicos de empleo (CCAA y administración central) gastaron 1.178 millones de euros en prestaciones económicas, con un gasto medio por beneficiario de 937 euros. Es decir, que la degradación del mercado laboral tiene un precio. Pese a la bonanza del empleo (más de medio millón de puestos de trabajo creados el año pasado), el gasto en prestaciones crece un 4% en términos anuales, y un 6% en el número de beneficiarios.

Para llegar a esa conclusión sólo hay que tener en cuenta que nada menos que el 30,1% de los contratos temporales dura menos de un mes, mientras que otro 26% vence transcurridos seis meses desde su firma. Es decir, que el 56% de los contratos dura menos de medio año. La entrada y salida de trabajadores del antiguo Inem es especialmente intensa en algunos sectores productivos como la construcción, donde el 91% de los 2,9 millones de contratos firmados el año pasado son de carácter temporal.

La precariedad se ceba, fundamentalmente, entre los trabajadores inmigrantes, lo que puede explicar que el número de trabajadores extranjeros inscritos en el Inem no deja de aumentar. Incluso, se sitúa ya -en términos relativos- muy por encima de los autóctonos. El paro entre los inmigrantes es tres puntos más elevado que entre los españoles. No es que tengan dificultades para encontrar un puesto de trabajo, lo cual podría tener consecuencias sociales, sino que durante un tiempo cobran la prestación a cargo del Inem y, posteriormente, se reintegran al mercado de trabajo con una relativa facilidad.

La Coctelera

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